A más de nuestra Constitución vigente,  los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el conjunto de sus articulados, reconocen a los pueblos indígenas del mundo su derecho a la libre determinación y autonomía de gobierno, a  definir libremente sus relaciones con los Estados Nacionales, el goce de los derechos fundamentales, el pleno respeto a sus "tierras, territorios y recursos naturales”, respeto al ejercicio de los derechos y libertades,  la no discriminación, el ejercicio de derechos basados en su identidad,  a conservar y reforzar sus propias instituciones, costumbres y las tradiciones, el derecho a la tierra, la utilización de los recursos naturales encontrados en tierras tradicionales, el empleo, la orientación profesional, las artesanías y las industrias rurales, la seguridad social y la salud, la educación, la planificación de su desarrollo, la participación en los procesos de planificación de las instancias gubernamentales, los contactos y la comunicación transfronterizos. Además de mandar a los Estados, la obligación de velar por el correcto cumplimiento de estos instrumentos y sus contenidos.